La demanda de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria representa entre el 70% y el 80% de la energía consumida en un edificio, de ahí que cualquier mejora de la eficiencia y el ahorro energético en los mismos suponga una importante reducción en el costo económico y el impacto medioambiental.
En los últimos años, la eficiencia energética ha cobrado una creciente importancia como medida para reducir la demanda de energía y sus emisiones asociadas. No obstante, y a pesar de que algunos economistas ya están trabajando ello, es menos frecuente escuchar hablar sobre eficiencia energética en edificios. En un primer momento cabría preguntarse qué tiene que ver el aislamiento de un edificio o los sistemas de calefacción y aire acondicionado con la economía.
El conjunto de edificios existente constituye una fuente de consumo de energía muy importante (40% aproximadamente en Europa) y los expertos en la materia advierten del gran potencial existente para reducir la demanda de energía de manera coste-eficiente. Además de una serie de beneficios directos como la reducción de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, la reducción de la dependencia energética de los estados o el ahorro en la factura del gas y la electricidad para los consumidores, la eficiencia energética representa un sector con grandes oportunidades para la creación de empleo y riqueza. A pesar de los beneficios que ofrece este sector, los agentes implicados siguen siendo reacios a invertir en eficiencia energética. Esto es lo que se conoce como “la paradoja de la eficiencia”. Una de las explicaciones para este fenómeno es la existencia de una serie de barreras que impiden la introducción de medidas de eficiencia energética.
Entonces se requiere la intervención de las autoridades públicas para subsanar los fallos que presenta el mercado. Pero, si lo que se busca es diseñar políticas de eficiencia energética, es fundamental tener en cuenta que los edificios son un producto con características muy particulares. Así, las decisiones que se toman en relación a las viviendas son mucho más complicadas e importantes que por ejemplo las que se toman para la compra de electrodomésticos. En estas decisiones intervienen muchos agentes que generalmente atienden a intereses diferentes (constructor/comprador o arrendador/arrendatario). Factores como este o las grandes necesidades de financiación que se requieren para llevar a cabo reformas en los edificios hacen que determinadas barreras sean mucho más importantes en este sector.
Se hace por tanto indispensable y justificable una serie de políticas que faciliten la difusión, el acceso a capital, etc. Un ejemplo de ello es la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo relativa a la eficiencia energética de edificios. En ella se introduce un sistema de certificados para los edificios muy similar al que ya se introdujo hace años para electrodomésticos. Atendiendo a esta directiva, los estados miembros deben crear un procedimiento por el cuál en el momento de compra o alquiler de una vivienda, los propietarios deben presentar un certificado donde consta el consumo medio de energía que necesita esa vivienda para mantener unas condiciones de temperatura estándares.
Los agentes encargados para el peritaje de la vivienda, basándose en una metodología común, asignarán un valor al certificado de la A a la G que permitirá a los consumidores tener la información necesaria para valorar y comparar las demandas de energía de las viviendas.
Formas mínimas de regulaciónde eficiencia energética
La eficiencia energética es un aspecto que no todos los países pueden estar seguros de respetar. Es por ello la importancia de contar con un sistema sin falla energética, porque esto permite a los usuarios desenvolverse en todas las actividades cotidianas que debe de realizar. El primero de enero del año 2006 los países que conforman la Unión Europea, establecieron dentro del marco legal un conjunto de normativas diseñadas para regular la eficiencia energética de la región. El objetivo de la misma es el cálculo de la eficiencia en todos los edificios de la Región Europea. Dicho acuerdo se conoce como Directiva 2002/91/CE, donde todos los países que forman parte de este sistema deben de tener normas mínimas de regulación además de certificados que avalen la eficiencia de la energía en el entorno donde se desarrollan.
Uno de los principales aspectos que está siendo supervisado, son las calderas encargadas de las instalaciones del aire acondicionado, para asegurarse de que las mismas llevan a rigor un plan de ahorro energético necesario para evitar la expulsión de agentes contaminantes a la atmósfera así como también supervisar la adecuación general de las instalaciones, todo ello fue establecido por la Dirección general de Energía y transporte de la Comisión Europea.
Dependiendo del tipo de alimentación de las calderas, estará regido el número de visitas de los inspectores de la Directiva. Todas las calderas que trabajen con una potencia superior a los 20 kilowatts estarán bajo constante supervisión por parte de los inspectores, aún más si estos trabajan con fuentes de energía no renovables. Si tiene 100 kilowatts o más de esta cantidad el inspector irá cada 6 meses a supervisión, mientras que si se trabaja con gas es posible que el inspector supervise el proyecto en un total de 4 años.
Este programa entro en vigencia el 1 de enero del año 2006, donde las construcciones de enormes extensiones deben de elaborar un estudio acerca de la eficiencia de la energía en el espacio, comprendiendo sistema de calefacción y las anteriormente mencionadas. Todos los resultados deben de ser presentados públicamente para que los futuros consumidores, es decir los futuros propietarios o inquilinos del edificio, tengan un conocimiento pleno acerca de las características energéticas del terreno que habitaran, con la finalidad de abrir la posibilidad de diversas opciones.
