Por: Ing. Enrique Obando, M.Sc., Director Ejecutivo Consejo Ecuatoriano de Seguridad Industrial.
El Ecuador tiene en vigencia desde enero de 1998 la normativa de seguridad aplicada a las labores de construcción a través del Reglamento que fue publicado en el Registro Oficial 253 publicado el 9 de febrero del mismo año.
La aplicación de este Reglamento es importante por dos motivos: primero porque se trata de una Ley de la República, y las leyes ecuatorianas se han hecho para que los ciudadanos las observemos y las cumplamos; y segundo porque a la fecha ya son muchas vidas las que se han perdido por la falta de aplicación de las normas de seguridad en la construcción.
Son 78 artículos y seis disposiciones generales los que componen el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras públicas, los cuales abarcan desde los riesgos derivados del trabajo a intemperie, pasando por las normas que regulan actividades especialmente riesgosas como son los trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura, etc. sin dejar de mencionar que algunos de los materiales que se utilizan en la construcción son particularmente peligrosos por tratarse, algunos de ellos, de productos inflamables, combustibles o, de forma general, productos químicos que involucran algún tipo de riesgo para la salud de los trabajadores que los utilizan.
Contrariamente a lo que se tiende a pensar, aplicar normas de seguridad en la construcción representa un ahorro de dinero para las empresas constructoras, ya que el no tener accidentes significa evitar recargar los costos de la obra por horas improductivas de trabajadores accidentados, esto sin contar con las sumas de dinero que se deben desembolsar por atención médica de emergencia en caso de accidentes, aún en cuando el trabajador goce del seguro médico, ya sea particular o del IESS.
Finalmente, a la hora de aplicar la seguridad en la construcción no hay que hacer distinción entre una obra pública o privada. Ambas conllevan los mismos tipos de riesgos y en muchos casos, por ser la obra pública de mayor magnitud, la exposición a los riesgos, en número de horas-hombre, es mucho mayor que en la actividad privada.
